sábado, 26 de mayo de 2012

Concesión del puerto de Paita es ilegal y debe anularse.


Concesión del puerto de Paita es ilegal y debe anularse.
La Primera: Lunes 21 de setiembre del 2009
Entrevista a Manuel Dammert

Manuel Dammert, sociólogo y ex diputado, ha escrito el libro “La República Lobbysta”, en el que denuncia el uso del aparato público para beneficiar negocios privados, y pone como ejemplo de esa práctica al ex ministro Pedro Pablo Kuczynski. En la siguiente entrevista, Dammert habla de los lobbys, las irregularidades y la corrupción que han rodeado el proyecto Camisea y la reciente concesión del puerto de Paita.

-¿Los contratos de Camisea y la concesión del puerto de Paita son dos casos emblemáticos de lo que usted llama la “República Lobbysta”?
-No son los únicos casos, pero, efectivamente, son dos ejemplos emblemáticos en los que se dan las características de la República Lobbysta, que son que el Perú desaparece como Nación y se convierte en un país de enclaves exportadores que saquean los recursos nacionales, con una élite compuesta por intermediarios que utilizan los cargos públicos para facilitar los negocios privados.

-En su libro “La República Lobbysta”, usted pone al ex ministro Kuczynski como ejemplo del uso de un cargo público para favorecer intereses privados…
-Su gestión pública se caracteriza por beneficiar negocios privados. Los principales negocios a los cuales Kuzcynski está vinculado desde hace años son el gas y el petróleo, y los puertos. En el caso de Camisea, Kuczynski trajo a Hunt Oil al Perú y le hizo la parte financiera del proyecto de exportación de gas, y luego, como ministro de Economía, inició el proceso de cambiar la ley para favorecer la exportación de gas en perjuicio del abastecimiento interno. Como asesor de Hunt Oil participó en el diseño de la empresa para solicitar el Lote 56 y como ministro le entregó directamente, sin licitación, ese lote a Hunt Oil, que era un lote con reservas probadas de gas, para que lo dedique a la exportación. Promovió el cambio de la ley para que el gas del Lote 88, reservado para el consumo interno, también se dedique a la exportación. A Hunt Oil se le facilitó el pago de tributos y se le puso una regalía ridícula por la explotación del Lote 56.

-Kuczynski se defiende diciendo que su asesoría a Hunt Oil en esos años era por otros negocios y no por el tema Camisea.
-Eso es falso. Está plenamente probado que Kuzcynski participó en todas las etapas de Camisea, como asesor de las empresas del Consorcio Camisea y como ministro. Además de asesor de Hunt Oil, también fue director de Tenaris, que es una empresa del Grupo Techint, integrante del Consorcio Camisea y que construyó las plantas de Camisea y el gasoducto. Los ductos hechos por Techint se han roto varias veces y como ministro Kuczynski exculpó a la empresa por esas roturas. Adelantó en dos años el subsidio para la construcción del gasoducto con un impuesto a las tarifas eléctricas, lo que le dio a la empresa 200 millones de adelanto. También fue asesor financiero de Calidda y como ministro participó en dar un subsidio a Calidda para asegurar su rentabilidad aunque no haga conexiones de gas.

-¿Qué opina de la renegociación con el Consorcio Camisea realizada por el gobierno?
-Esa renegociación es una trampa. El ministro (de energía y Minas) Pedro Sánchez es un vocero del monopolio gasífero exportador y lo que ha presentado como un acuerdo es lo que las empresas le han dado. Cuando Velásquez Quesquén le dice a las poblaciones del sur que él les garantiza gas, las empresas lo miran como diciendo “pobre hombre, si nosotros somos los que mandamos”. La entrega del Lote 56 y el contrato que permite exportar el gas del Lote 88 son ilegales y deben anularse.

-En la cuestionada concesión del puerto de Paita aparece otro grupo empresarial ligado a Kuczynski, el grupo Chileno Von Appen.
-Cosmos, que integra el Consorcio Terminales Euroandinos, que ha ganado la licitación del puerto de Paita, es una subsidiaria del Grupo Von Appen, que es el que maneja este consorcio, que también integran Tertir y Traslei, ambas de propiedad de la constructora portuguesa Mota-Engil, que es socia de Von Appen. Kuczynski, efectivamente, está muy ligado al Grupo Von Appen, que ya tiene el monopolio del transporte marítimo del combustible desde el norte del Perú. En el conflicto del Cenepa, Von Appen se negó a trasladar el combustible y la Fuerza Armada tuvo que trasladarlo por tierra. Es gravísimo que el segundo puerto del Perú haya sido entregado a ese mismo grupo.

-¿Este proceso de concesión ha sido fraudulento?
-Fue un proceso teledirigido para que gane el consorcio que ganó. La empresa consultora Chilena Ikons, que está vinculada al Grupo Von Appen, fue la que diseñó el proceso de privatización de los puertos, que ha comenzado con Paita. Uno de los postores, el Consorcio APM, que es una de las primeras empresas del mundo en términos navieros y portuarios, ha denunciado que pidió un mayor plazo para presentar una oferta y no le dieron ese plazo, pero luego le dieron varias ampliaciones de plazo a la empresa que ganó. Hay once razones que hacen ilegal esta concesión…

¿Cuáles son las principales?
-El puerto de Paita, que debía ser la cabeza del eje interoceánico del Amazonas, ha sido reducido a un puerto de transbordo entre el norte del Perú y el sur de Ecuador. Esa modificación del plan portuario es ilegal. Se han subvaluado los activos de Paita y se permite el monopolio, que está prohibido por la Constitución. También es ilegal porque el consorcio que ha ganado no tiene el mínimo de movimiento de contenedores exigido. Otra ilegalidad es que la concesión debía ser autofinanciada y eso no se cumple, porque es subsidiada por el Estado…

-¿Cómo así se otorga este subsidio estatal a una empresa privada?
-Dándole a la empresa los diez millones de soles anuales de utilidad que ahora tiene el puerto de Paita sin que la empresa invierta nada durante dos años, y permitiéndole el alza de tarifas hasta en un 400 por ciento. Se le subsidia con el Ingreso Mínimo Anual Garantizado, que es de 352 millones de dólares para los 30 años de la concesión, que da un promedio de 12 millones de dólares al año, que es una cifra alta. Si la empresa no llega a ese monto, el Estado debe darle la diferencia para alcanzar ese ingreso mínimo. El contrato no se ha firmado con la empresa adjudicataria de la concesión, sino con una empresa formada en el Perú, que tiene solamente tres millones como capital, por lo que si le va mal y el Estado quiere cobrar la garantía, solamente puede cobrar tres millones, porque la empresa matriz no es responsable de nada.

-Quienes defienden la privatización de Paita dicen que este consorcio invertirá 127 millones de dólares para mejorar el servicio del puerto.
-Esa inversión no es plata fresca, es plata que saldrá del incremento de las tarifas a los usuarios. Los peruanos vamos a pagar esa inversión. Este es un negocio con riesgo cero para la empresa privada, que no va a trabajar con su plata, sino con la plata del Estado.

-¿Qué propone para el puerto de Paita como alternativa a esta concesión?
-Esta concesión debe anularse y ponerse en práctica el desarrollo de Paita como ciudad puerto interoceánica, que tiene tres componentes: que Enapu, con sus utilidades y con el aporte de la Municipalidad, modernice el puerto; que se convoque a un inversionista privado importante para hacer un nuevo muelle; y desarrollar el conjunto de Paita como una zona económica especial, como son Arica e Iquique.

“Rómulo León quiso emular a Kuczynski”

-¿Los lobbystas han copado el poder?
-Están copando el poder. Ellos son los que deciden y mandan en tres esferas claves de los asuntos públicos: la conducción política, los sistemas de decisión administrativa y el control mediático. Ahí tienen prácticamente la unanimidad.

-¿En este gobierno se está avanzando en la construcción de una República Lobbysta?
-Lo ocurrido con Canaán y los ministros de este gobierno es típico de una estructura lobbysta. Se construyó una red de corrupción basada en utilizar el cargo público para beneficiar intereses privados. El discurso de Alan García del perro del hortelano es el discurso de la República Lobbysta…

-¿García es el ideólogo de la República Lobbysta?
-Quiere convertirse en eso. Su teoría de que hay que entregar todos los recursos naturales a las transnacionales y que nos dejen algo de ganancias con su crecimiento, es el liberalismo del siglo XIX, que es algo que en este momento nadie practica en el mundo. García ha perdido el rumbo de la historia.

-¿Qué agrupaciones políticas defienden la construcción de ese tipo de República que usted llama lobbysta?
-La cabeza del APRA, no todo el partido aprista; el Fujimorismo y un sector de Unidad Nacional, donde hay muchos a los que solamente les interesa hacer negocios, aunque hay otros, como Luis Bedoya, que son liberales honestos.

-Kuczynski quiere ser candidato presidencial. ¿Sería el candidato de los lobbys empresariales?
-Sería el candidato presidencial de los lobbys del monopolio gasífero exportador y del Grupo Naviero Portuario de Chile, integrado por Von Appen, Claro y Urende.

-Usted ha dicho que Rómulo León estudió lo de Camisea para armar el faenón de Discover. ¿León es un discípulo de Kuczynski?
-Digamos que quiso emularlo.

Carlos Noriega
Entrevista

lunes, 7 de mayo de 2012

Países de la CAN avanzan en el diseño de un marco comunitario que facilite suministro e intercambios de electricidad en el largo plazo


Países de la CAN avanzan en el diseño de un marco comunitario que facilite suministro e intercambios de electricidad en el largo plazo

Lima, 23 abr. 2012.- Los países de la Comunidad Andina están trabajando para contar con un nuevo marco jurídico comunitario que facilite la interconexión eléctrica y que contribuya a fortalecer en el largo plazo el suministro eléctrico en la subregión.

Con esta finalidad, autoridades y representantes de los Organismos Reguladores del Sector Eléctrico de la Comunidad Andina se reunieron el jueves y viernes último en Lima, en el marco de su segundo taller subregional, cuya dirección estuvo a cargo de Javier Díaz Velazco, Comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de Colombia, país que ejerce la Presidencia Pro Tempore de la CAN.

Durante la reunión, los delegados analizaron y debatieron ampliamente una propuesta normativa que contiene aspectos conceptuales y temáticos para el diseño del nuevo marco para los Intercambios de Energía entre los países de la CAN.

Díaz Velasco manifestó que el propósito es mejorar el contenido normativo de la Decisión 536 sobre Marco General para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad para que se puedan hacer intercambios de largo plazo. Esta Decisión andina ha servido como plataforma jurídica para realizar la interconexión eléctrica entre Colombia y Ecuador desde el año 2003 lo cual ha permitido, entre otros elementos, apoyar a Ecuador en sus épocas de sequía.

Manifestó que actualmente dichos intercambios son de corto plazo amparados en regímenes transitorios aprobados en el marco de la Comunidad Andina. Además, destacó que “se han hecho transferencias de hasta 70 megavatios entre Ecuador y Perú amparados por ese régimen.

Asimismo agregó, que mientras se aprueba y pone en vigencia la nueva norma comunitaria, los regímenes transitorios cumplen un papel importante al facilitar los intercambios entre Colombia y Ecuador y Perú y Ecuador.

La reunión contó con la participación del Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bolivia, Richard Alcocer; los Comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, Javier Diaz Velasco y Hernán Molina; el Procurador del Consejo Nacional de Electricidad de Ecuador, Andrés Chávez; y el Gerente de la División de Generación y Transmisión Eléctrica del OSINERGMIN de Perú, Jaime Mendoza. Chile, País Asociado de la CAN, también acudió a la cita, representado por Carlos Piña, Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía.

domingo, 6 de mayo de 2012

El gas de Camisea y el ejemplo argentino


El gas de Camisea y el ejemplo argentino
La República, Vie, 26/06/2009 - 00:00
 
 
Por Humberto Campodónico

A principios del 2004, el gobierno argentino comunicó a las autoridades chilenas que no podía seguir suministrando gas por los gasoductos que unen a ambos países. Dijo el gobierno argentino que las reservas de gas existentes no alcanzaban para satisfacer el consumo de su mercado interno y, a la vez, continuar con la exportación. Las restricciones han llegado, en ocasiones, a más del 90% del total comprometido.

Como es lógico, el gobierno chileno se quejó fuertemente, con una serie de argumentos, tales como el respeto a los contratos que, además, habían sido suscritos por empresas privadas a ambos lados de la frontera.

El gobierno argentino lamentó los perjuicios que sufriría Chile por esa medida (millonarias inversiones en los gasoductos, en los tendidos de las redes y en los contratos suscritos por las industrias para abastecerse de gas natural), pero que su primera obligación era atender a sus ciudadanos, que no podrían entender que en Argentina falte gas, porque se está yendo a Chile.
Y así fue. Las exportaciones siguen restringidas hasta hoy. En el ínterin, el gobierno chileno no se quedó con las manos cruzadas. Le encomendó a la estatal petrolera ENAP que construya un Terminal de regasificación en la costa central para traer barcos con Gas Natural Licuado. Ese Terminal –que ha costado US$ 1,000 millones– ya se terminó y en pocos días llegará a Quintero el primer cargamento de gas.

Hay varias lecciones. Primero, que la prioridad de todo Estado en materia energética es el abastecimiento de su mercado interno. Ese es el punto de partida y es lo que establecían las leyes peruanas, hasta que fueron cambiadas bajo el gobierno de Toledo (ver Camisea: Así fue la cosa, www.cristaldemira.com, 22/6/09).

Pero ese cambio –y el compromiso de exportar la mitad de las reservas probadas a México–no modifica la prioridad que tienen los peruanos de usar su gas. Con ese mismo argumento, el gobierno argentino no hubiera podido restringir las exportaciones a Chile.
Segundo, se debe proceder de inmediato a la renegociación del contrato del Lote 88 (donde están las mayores reservas) para que el 100% de su producción sea destinado exclusivamente al mercado interno. Si eso causa perjuicio a Peru LNG habrá que sentarse a la mesa a negociar una solución, que respete que esas reservas se quedan en el Perú. Se podría exportar las nuevas reservas que se encuentren, como los 2 TCF de Repsol (socio de Peru LNG) en el Lote 57.

Tercero, las reservas del Lote 88, primero, y del Lote 56, después, revirtieron gratis al Estado porque Shell (empresa que las descubrió) no las pudo explotar, por distintas razones. Es por eso que el Estado puede fijar el precio del gas, algo que no va a suceder con los nuevos descubrimientos.

Es inconcebible que sean esas reservas –nuestro pasaporte para una nueva matriz energética con una menor dependencia del caro petróleo importado– vayan a la exportación, privándonos de un energético barato, que da competitividad a la industria y combustible barato (como lo saben los taxistas).

Cuarto, queda clarísimo que al modelo primario exportador no le interesa el consumo de gas por los peruanos, sino sus negocios. En este caso, el choque de intereses aparece en su totalidad.

El país necesita un Plan Energético Integral y una modificación radical de la Ley de Hidrocarburos 26221 de 1993, que otorga la propiedad del petróleo y el gas a los inversionistas privados, motivo por el cual hacen lo que les da la gana con nuestros recursos naturales. En el ínterin, no debe salir una molécula del gas del país si es que no está plenamente garantizado el abastecimiento pleno del mercado interno. No hay política energética sin el Estado: lo demuestra Argentina y, también, Chile, que buscó, y ya consiguió, poner en marcha alternativas energéticas.

Obras en Muelle Sur


Obras en Muelle Sur
OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

MINCETUR No. 030- 2010
Ministro Martín Pérez supervisó obras en Muelle Sur

 Inicio de operaciones de DP World Callao permitirá reducción de tarifas hasta en un 70%


San Isidro, 19 de febrero 2010.- El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez Monteverde, realizó esta mañana una visita de inspección a las obras de construcción de lo que será el moderno terminal de contenedores Muelle Sur, ubicado en el puerto del Callao, cuyos trabajos se encuentran en casi un 80% de su ejecución total y que deberá iniciar operaciones el próximo 1 de mayo.

“Con la puesta en funcionamiento de esta moderna infraestructura, considerada como una de las mayores del Pacífico Sur, se podrá movilizar hasta 1,2 millones de contenedores anuales. Actualmente el Callao concentra más del 80% del movimiento de carga del país movilizando aproximadamente 600 mil contenedores al año”, señaló el ministro Pérez.

El titular del sector comentó que en adelante los barcos de 300 ó más metros de eslora, con capacidad para más de cinco mil contenedores, será imagen común en nuestro primer puerto debido a la construcción de dos amarraderos de 325 metros cada uno con tres grúas pórtico por lado, que podrán descargar 25 contenedores cada una, lo que permitirá la descarga total de hasta 150 contenedores por hora.

El consorcio operador de Muelle Sur- DP World Callao S.R.L. es uno de lo más importantes del mundo controla el 15% del mercado mundial en 31 países y desde el inicio de las obras en abril de 2008 ha realizado una inversión superior a los US$580 millones.

De ese monto, US$144 millones fueron transferidos como inversión complementaria adicional a la Autoridad Nacional de Puertos (que también recibirá regalías por lo ingresos del concesionario equivalentes a un 3% de los ingresos brutos mensuales) para la realización de obras comunes que beneficiarán a todo el puerto, como la ampliación de la boca de entrada, el dragado para la profundización del canal de acceso y de la poza de maniobra hasta en 14 metros de profundidad y los sistemas de seguridad, etc.

El nuevo sistema que empleará el Muelle Sur, considera la aplicación de una tarifa integrada de carga y descarga de contenedores que al economizar procesos originará una tarifa menor (uso de la grúa, traslado al patio de almacenamiento, pesaje y 48 horas libre de almacenamiento). Se estima que las actuales tarifas puedan reducirse hasta en un 70%, en beneficio de los usuarios de estos servicios.

El Muelle Sur contará también con un área de respaldo para almacenamiento de contenedores de 145 mil metros cuadrados, que permitirá que importadores y exportadores puedan retirar o cargar los contenedores directamente desde sus locales al puerto, sin utilizar terminales extraportuarios, evitando costos de transporte, manipuleo y almacenamiento.

De esta manera, Pérez Monteverde expresó que seguirán impulsando el desarrollo portuario mediante el negocio de almacenes y distribución de contenedores en el Callao. “Nuestro primer puerto es uno de los principales de la región por la importancia geopolítica y comercial, pues se trata de la puerta de entrada hacia Sudamérica y sirve de salida a Brasil en su ruta al mercado asiático”, puntualizó.


Foto 7916: de Izquierda a derecha: el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez; el Gerente General de DP World Callao S.R.L., Maciek Kwiatkowski; y el Gerente de Operaciones de DPWC, Luis Turbidez.






¿Un nuevo comienzo para la regulación?


¿Un nuevo comienzo para la regulación?
La Republica, Sáb, 20/06/2009 - 23:59
Por: Humberto Campodónico

El Presidente Obama acaba de presentar el proyecto “Una nueva fundación: Reconstruyendo la regulación y supervisión financiera”. El objetivo central es otorgarles nuevos y amplios poderes a las entidades reguladoras –sobre todo al Banco Central, el Fed– con el objetivo declarado de ponerles la rienda corta a los gigantes financieros y supervisar a todos aquellos que amenacen la estabilidad financiera.

Obama considera que esto es necesario porque cada vez que estos gigantes tienen problemas, el Estado entra a rescatarlos “sí o sí” para evitar un riesgo sistémico. Por tanto, como “son demasiado grandes para dejarlos quebrar”, hay que seguirlos de cerca porque está en juego el dinero de todos los contribuyentes.

La “nueva fundación” creará una Supervisora Nacional de Bancos, que tendrá amplios poderes. Se controlará toda la gama de instrumentos financieros, incluidos los mercados de derivados y también a los fondos de cobertura (hedge funds), lo que antes no sucedía. Se protegerá a los consumidores e inversionistas del abuso financiero, creándose una Agencia de Protección para el consumidor financiero. También se plantea elevar los estándares regulatorios internacionales y mejorar la cooperación económica
Dice Obama que eran necesarias medidas claves para superar la crisis moral y ética del capitalismo norteamericano. Una de ellas es la marcación estricta a los agencias calificadoras de riesgo Standard and Poors, Moody´s y Fitch, que calificaron como AAA a los bonos hipotecarios “subprime”.

Se tratará de evitar los conflictos de intereses en que estaban inmersas estas agencias, pues se les permitía estar de los dos lados de la mesa: discutían con los emisores de bonos subprime sus honorarios de calificación de los instrumentos financieros y, a la vez, eran los encargados de aprobarlos.

Aquí sucede algo parecido con el Ministerio de Energía y Minas y los Estudios de Impacto Ambiental que presentan las empresas, ya que el MEM, de un lado, promueve la inversión y, de otro, tiene que acotar a las empresas para que cumplan con las leyes ambientales. La mayoría de las veces se ponen el primer sombrero.

Otra medida clave que “los reguladores federales emitirán normas para alinear mejor el pago de las compensaciones a los ejecutivos de entidades financieras en relación con el valor de largo plazo del valor de los activos de los inversionistas”, lo que implica evitar los incentivos perversos de que solo tengan en mente el corto plazo.

Algo parecido debiera hacerse aquí con las comisiones que cobran las AFP a los futuros jubilados, pues, de un lado, estas no guardan relación con el “servicio” prestado y, de otro, los ingresos por comisiones no están relacionadas con la rentabilidad de dichos fondos, como se ha visto en la reciente caída de la Bolsa de Valores.

Las medidas no han caído bien en los sectores financieros, como se esperaba. De su lado, Roubini dice que abordan el 75% de lo que debe hacerse, pero la verdadera prueba de fuego vendrá con su implementación y la “letra chica”, todo lo cual aún tiene que ser discutido en el Congreso. Según Krugman, tener regulación es positivo, pero no está de acuerdo con lo que estima “poca supervisión” a la compensación de los ejecutivos, lo que considera clave. En otras palabras, hay bastante ruido pero es muy temprano para saber si hay nueces.

Sea lo que fuere, la regulación del sistema financiero ha vuelto por la puerta grande. Lo que está bien. La cuestión es que la crisis actual del capitalismo no se debe a la falta de regulación, aunque ciertamente ello contribuyó a agravarla.

La crisis sistémica actual tiene como origen el agotamiento del actual modelo de acumulación, lo que se trató de tapar con las burbujas especulativas, para lo cual era indispensable, justamente, no tener una regulación adecuada. El problema está en el sector real, es decir, en el aparato productivo y mientras eso no “se arregle”, junto con la crisis ecológica que ese modelo causado, los problemas continuarán.

Privatización de Paita: así, cualquiera


Privatización de Paita: así, cualquiera
La Republica, Sáb, 21/03/2009 - 00:00
Por Humberto Campodónico

Las carreteras que salen de Lima hacia el Norte y Sur tienen el tráfico de vehículos más importante del Perú. Por ello, los consorcios privados que se han adjudicado estas concesiones tienen su fuente de ingresos más importante en el peaje que cobran a los usuarios, lo que les ha permitido ingentes utilidades en los últimos años.
Por las características de estos contratos, las inversiones más importantes se realizan después de 10 o más años. Durante ese lapso, los concesionarios “hacen caja” con el peaje, lo que disminuye fuertemente sus necesidades de financiamiento (Carreteras: del peaje salen las correas, www.cristaldemira.com, 18/03/08). No solo eso: si el peaje disminuye, entonces el Estado cubre la diferencia pues el contrato prevé que el concesionario reciba un Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG).
A estas inversiones en obras públicas, pero llevadas a cabo por el sector privado –con garantía del Estado– les llaman Asociaciones Público Privadas. En estos días, a través del DU-047- 2008, ProInversión está impulsando a toda máquina varias APPs, saltándose a la garrocha todo el ordenamiento legal anterior. La privatización-concesión-APP que se viene a fin de mes es el puerto de Paita de propiedad de ENAPU.
Como Paita es un puerto chico, sus ingresos anuales también lo son. Ello no obstante Paita ha mejorado mucho en calidad y eficiencia: en el 2008 tuvo ingresos de S/. 21 millones (incluido IGV) y utilidades de S/. 10.7 millones. Pero los privatizadores consideran que estos pequeños ingresos no garantizan –como en el caso de las carreteras de Lima– la “rentabilidad” de las inversiones.
Para salir del apuro, han tenido la “brillante” idea de poner en el contrato el Ingreso Mínimo Anual Garantizado del concesionario. Esto quiere decir que si las tarifas que cobra no le garantizan una rentabilidad mínima, entonces el Estado pone la diferencia. Esto es así desde el comienzo de la Etapa 1 (que dura 15 años) que, en lo esencial, prevé la construcción de un nuevo muelle de contenedores, adicional al existente.
Aquí hay varias cosas que están mal:
Primero, el IMAG crece y crece todos los años (ver cuadro) como si no estuviéramos en la recesión más grande desde los años 30 (si caen los ingresos, igual se paga el IMAG).
Segundo, los montos del IMAG comienzan en US$ 16 millones, lo que duplica los ingresos de Paita en el 2008.
Tercero, la ciudad de Manaos ha sido excluida del ACE 58 con MERCOSUR, lo que limita las posibilidades de ampliación de Paita (eso debe renegociarse).
Cuarto, y lo más importante: no se sabe el monto de la inversión (¿QUÉ?) porque eso se determinará una vez firmado el contrato, cuando el ganador haga los estudios correspondientes. Entonces, ¿en base a qué se le garantizan desde ya US$ 330.9 millones por 15 años?
Quinto, las tarifas de los servicios más importantes que presta Paita no están reguladas y el nuevo dueño tendrá libertad de cobrar lo que quiera. Con todas estas gollerías, cualquiera.
Dicho todo esto, el problema de fondo es que esta privatización va a crear un monopolio propietario de Paita, lo que es absurdo e ilegal. Así como en el Callao, ENAPU-Paita pudo haberse quedado con su muelle y modernizarlo (tiene el dinero para ello) y buscar un socio estratégico para que construya y opere el segundo muelle. Eso fue lo que propuso la Municipalidad de Paita en el Proyecto de Ley 2368, que está en el Congreso desde el 2007 y que establece un plan estratégico alternativo, que incluye fuentes de financiamiento.
Pero no. El gobierno quiere avanzar al caballazo, imponiendo una privatización antitécnica, costosa y arbitraria, para lo cual incluso desconocen la consulta local que dio el 90% contra la concesión. Esto no debe pasar.

Enapu-Callao: Mega puerto soberano o privatización perversa


Enapu-Callao: Mega puerto soberano o privatización perversa
Diario La Primera, Publicado: Hoy 23 de abril del 2010
Por Manuel Dammert Ego Aguirre

En tres días, el Gobierno tuvo que cambiar el DS 019-2010-MTC, que pretendía entregar a dedo el Puerto del Callao. Ha dictado el DS 020-2010-MTC, que deja de lado el “dedazo”, pero mantiene en manos del Ministro Parlanchín la privatización perversa, bajo la modalidad de las nefastas Cepris del Fujimorismo.

Gracias a las luchas de la comunidad portuaria y de Enapu, el puerto del Callao, que moviliza el 90 % del comercio exterior peruano, es el principal puerto del pacífico sur. Enapu (sin grúas pórtico) logro movilizar más un millón de Teus anuales, con la tarifa portuaria mas baja. Ha elevado la valorización de sus instalaciones y bienes empresariales públicos. En mayo 2010 se inicia la operación del nuevo muelle sur, promoviéndose la competencia interportuaria. Las ofertas de inversión privada, entre mil y dos mil millones de dólares (DPW, AP Terminales, Hutchinson, Filipinos), evidencian este posicionamiento clave.

Han estallado los tres pilares neoliberales que traban los puertos peruanos, y que pretenden mantener a rajatabla sus voceros y funcionarios allegados. a) Los Sobrecostos de los terminales extraportuarios (Von Appen-Claro-Urenda), Se han puesto en evidencia al iniciar a operar el muelle sur. Han sido impuestos desde las navieras; sobrecostos que han pagado los usuarios y afectado a Enapu. b) El puerto reducido a ofertas entre negocios privados, entrampado y canibalizado. Entre lobbystas han manejado desde el gobierno esta política portuaria. c) La metódica destrucción empresarial de Enapu, que el gobierno ha impuesto estos últimos años.

EL DS 020-2010-MTC busca maquillar la privatización perversa. Ilegalmente hace del privado el “Asociante”. Faculta al MTC cambiar la titularidad de los bienes públicos para dárselos al privado “Asociante”. Reduce Enapu a “asociado” y le arrebata sus importantes bienes empresariales. ¡El Ministro Parlanchín haciendo de sastre a la medida!

Es urgente una política soberana de Estado para el Megapuerto del Callao. Enapu puede y debe convocar, por Concurso Internacional, a un Consorcio, con inversionistas privados, para el desarrollo de las instalaciones de Enapu-Callao. Esta convocatoria debe incluir la ampliación de las áreas portuarias, reubicando la base naval en la Isla San Lorenzo. Debe formarse la Zona de Actividades Logísticas, como unidad de negocios publica-privada del puerto publico de Enapu-Callao. Como actividad complementaria, debe promoverse que el Sima convoque a un Consorcio, con socios internacionales, para el complejo naviero en la Isla San Lorenzo.


Camisea: así fue la cosa


Camisea: así fue la cosa
Lun, 22/06/2009 - 23:25
Por Humberto Campodónico

¿Cómo es posible que, en el gobierno de Toledo, se haya comprometido para la exportación la cantidad de 4 billones de pies cúbicos (bpc) cuando las reservas probadas totales de Camisea solo llegan a 8.8 billones de bpc? La respuesta es: hubo una intensa actividad de los “lobbies” que impulsaban intereses empresariales tanto a nivel del Poder Ejecutivo como en el Congreso para poder cambiar la legislación vigente que no permitía la exportación.

Estos “lobbies” le pusieron la puntería, primero, a la Ley 27133 de 1999 y a su Reglamento, el DS 040-EM-99, ambos vigentes cuando se firmó el Contrato de Camisea a fines del 2000. El DS 040 dice: “Se considera garantizado el abastecimiento de gas natural al mercado nacional, cuando las reservas probadas del Productor alcancen para abastecer la demanda futura, determinada según lo señalado en el Contrato; para un periodo mínimo definido en el Contrato, el cual no podrá ser menor a un horizonte permanente de 20 años” (Art. 4).

La cuestión es que en el 2001 la Shell entregó el Lote 56 (adyacente al Lote 88), donde había invertido US$ 75 millones, encontrando más de 2 bpc de gas natural. Como no lo podía explotar, esos 2 bpc revirtieron gratis al Estado. Tomar la propiedad de las reservas de ese lote y destinarlo a la exportación fue el objetivo de Hunt Oil y SK, miembros del Consorcio Camisea.

En el 2003 se promulgó el DS 031 EM –siendo ministro Hans Flury– que cambia lo del “horizonte permanente de 20 años”. Ahora solo se dice que se abastece la demanda futura “por un periodo mínimo definido en el contrato”. Ya no hay garantía de “abastecimiento permanente”. Pero un DS siempre puede ser cuestionado, por lo que se necesitaba también cambiar la Ley 27133.

Así, en junio del 2005 el Congreso promulgó la Ley 28552, que modificó el Art. 4 de la Ley 27133, que ahora dice: “a) Garantizar el abastecimiento al mercado nacional de gas natural”. Ya no hay nada sobre el “horizonte permanente de 20 años” ni tampoco lo del “periodo mínimo definido en el contrato”.

Los “lobbies” habían actuado bien. Pero había un problema: las reservas del Lote 56 eran muy pequeñas para abastecer un mercado de exportación, que necesita un contrato de largo plazo (20 años) con volúmenes superiores a 500 millones de pies cúbicos diarios. ¿Qué hacer, entonces? Muy simple: cambiar el contrato del Lote 88, para permitir que sus reservas también puedan ser exportadas. Recordemos que el Lote 88 tiene las mayores reservas de gas y ya había llegado a Lima en agosto del 2004.

En una de las jugadas más audaces que se recuerde, en diciembre del 2005 se promulgó el DS 050 2005-EM, que autoriza a Perupetro a modificar (renegociar) el Contrato del Lote 88 “para asegurar el abastecimiento del mercado interno por 20 años”, eufemismo para poder exportar sus reservas. En enero del 2006 se promulga el DS 006 2006 EM, que aprueba que Perupetro modifique el Contrato del Lote 88, en el sentido que solo se tenga que autorizar el abastecimiento del mercado interno por años.

Listo y consumado el despojo al Perú de las reservas del Lote 88. Ahora sí se puede ya firmar el contrato de exportación. Y así fue: solo un mes después, en febrero del 2006, Perú LNG (consorcio exportador formado por Hunt Oil y SK, al cual después entró Repsol) suscribió dichos contratos, tanto con el Lote 88 como con el Lote 56.